En un contexto donde la desinformación y la resistencia a la vacunación han ganado visibilidad pública, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el contexto del Magister en Derecho (LL.M. UC) organizó el conversatorio “Vacunas, evidencia científica y jurisprudencia”. La actividad, realizada el 11 de junio en el Edificio MBA de la UC, reunió a destacados expertos en las áreas de la salud y el derecho, quienes reflexionaron en torno al valor de las vacunas desde una mirada multidisciplinaria, poniendo el foco tanto en los avances científicos como en los marcos legales que las respaldan.
El evento estuvo dividido en dos paneles temáticos: uno centrado en los avances científicos y sanitarios relacionados con las vacunas, y otro enfocado en su justificación legal y constitucional. La instancia fue moderada por Gabriela Novoa, Coordinadora de LLM UC y Gerente Corporativo Legal de UC Christus, y por Jorge Hubner, Profesor de LLM UC y Director Legal de Laboratorio Chile, quienes guiaron las conversaciones entre los panelistas e hicieron énfasis en la importancia de establecer puentes entre el conocimiento biomédico y los marcos jurídicos que regulan la salud pública.
En el primer panel, el Dr. Jaime Mañalich, médico nefrólogo y exministro de Salud, abordó los mecanismos biológicos que sustentan la vacunación y destacó cómo las nuevas tecnologías, como las vacunas de ARN mensajero desarrolladas durante la pandemia, han revolucionado el campo. “El organismo se engaña y se confunde”, explicó, aludiendo a cómo este tipo de vacunas activan el sistema inmune sin contener el virus completo, lo que permite generar una respuesta inmune eficaz sin desarrollar la enfermedad. Enfatizó también la importancia de alcanzar una alta cobertura para generar inmunidad colectiva: “Para proteger a la población de una enfermedad mediante la vacunación, se necesita vacunar al menos al 80% de ella para que la transmisión del patógeno se interrumpa y los no vacunados también estén protegidos”.
Por su parte, la Dra. Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abordó el impacto de las vacunas en la disminución de las enfermedades infecciosas a lo largo del siglo XX y el vuelco que supuso la pandemia de COVID-19. “Antes de 2020, las enfermedades infecciosas habían dejado de ser la principal causa de muerte; con la pandemia volvieron a liderar por la falta de inmunidad contra este nuevo virus”, explicó. También se refirió al papel de la ciencia chilena en el desarrollo y evaluación de vacunas durante la crisis sanitaria, destacando que “Chile no solo fue receptor de vacunas, sino también partícipe en ensayos clínicos y en una compleja logística de distribución que funcionó con gran eficacia”.
En el segundo panel, enfocado en el aspecto jurídico, la abogada Yasmira Viera, asesora jurídica del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, planteó que el marco legal chileno en materia sanitaria es sólido y permite al Estado establecer vacunaciones obligatorias en situaciones que lo ameriten. Destacó que los artículos 32 y 33 del Código Sanitario habilitan esta potestad desde hace más de medio siglo, y que la jurisprudencia ha sido consistente en validar esta facultad bajo principios como el deber estatal de protección, la proporcionalidad de la medida y el interés superior del niño. “Los tribunales han señalado con claridad que en ciertas circunstancias el bienestar de la colectividad prevalece sobre el interés individual”, afirmó, haciendo referencia a fallos de la Corte Suprema que, en 2021, respaldaron restricciones de movilidad para personas no vacunadas durante la pandemia.
La ministra del Tribunal Constitucional Catalina Lagos, también académica e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, cerró el panel con un análisis jurídico-constitucional sobre la obligatoriedad vacunal. Recordó que en 2003 el Tribunal resolvió un requerimiento que buscaba declarar inconstitucionales las normas que permiten imponer vacunas. El Tribunal, aplicando un test de proporcionalidad, concluyó que dichas normas eran legítimas y no contravenían derechos fundamentales, ya que perseguían un fin constitucionalmente válido (la protección de la salud pública), eran idóneas para lograrlo y respetaban el principio del interés superior del niño. “Este precedente ha servido para sostener decisiones posteriores frente a escenarios complejos como el de la pandemia”, sostuvo Lagos, quien también subrayó que el derecho a la libertad de conciencia, aunque fundamental, no es absoluto frente a intereses colectivos esenciales.
El conversatorio finalizó con las palabras de cierre del profesor Enrique Navarro, ex presidente del Tribunal Constitucional y presidente de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud, y con una conversación abierta con los asistentes, quienes abordaron temas como el rol de los medios de comunicación en la promoción de la vacunación, la información disponible respecto a los efectos secundarios de las vacunas utilizadas durante la pandemia y la importancia de que la ciencia adquiera un rol más protagónico en los procesos de toma de decisiones políticas. Los organizadores señalaron que este evento es el primero de una serie de encuentros que buscan fomentar una discusión informada y plural sobre temas de salud pública y regulación, con especial énfasis en cómo enfrentar futuras crisis con marcos normativos y científicos sólidos.
Más que una revisión técnica, el conversatorio dejó en evidencia la urgencia de seguir construyendo una política sanitaria basada en la evidencia y los derechos, en un tiempo donde las certezas científicas deben dialogar —y no competir— con el debate democrático y constitucional.
